Aranda / Medio ambiente
Los dueños de cuatro locales de copas se sentarán en el banquillo por ruidos
El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda ha dictado auto de apertura de juicio oral y les imputa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contaminación acústica
El Café Central, que ha cambiado de propietarios después de que se iniciara el procedimiento, es uno de los que ha estado en el punto de mira de los vecinos.DB
Ical / J.C.O. / Aranda
Los propietarios de cuatro establecimientos nocturnos de la capital ribereña, tres de ellos situados en el entorno de la calle La Sal: Bar La Luna -ya cerrado-, Café Central -que ha cambiado recientemente de titularidad-, y La Mandrágora, y uno emplazado en la calle Hospicio, la Discoteca Punto -reconvertida en Sala Dreams- se sentarán en el banquillo acusados de un presunto delito de contaminación acústica y de prevaricación ambiental.
Así se recoge en el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda que imputa a los cuatro bares de copas, dando la razón a la acusación, formada por un grupo de vecinos de la zona centro de y de la calle Hospicio que lleva luchando desde hace casi seis años para que la Justicia reconozca los ruidos que sufren por parte de estos locales de ocio nocturno.
El juzgado arandino incoó el procedimiento a raíz de una denuncia presentada en enero de 2005 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en base a las quejas de una vecina que vivía encima de la Discoteca Punto Cero. Tras admitirse a trámite la querella presentada contra el entonces alcalde, Luis Briones, por los presuntos delitos de prevaricación, de dejación de funciones por omisión y contra el medio ambiente por no haber atajado el problema de exceso de ruidos, también se personaron como acusación la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro, Natividad Ayllón, y otra residente de la zona.
A instancias suyas el Seprona realizó un atestado ampliatorio y el juzgado admitió citar como imputados tanto a Briones, como a su sucesor en el cargo, el ex regidor Ángel Guerra, y a los titulares de los cuatro establecimientos hosteleros. Más tarde imputó también al ex primer teniente de alcalde, el concejal castellanista Sebastián de la Serna, por ordenar desprecintar los equipos musicales de La Mandrágora y Café Central del 3 al 8 de diciembre de 2004.
Sin embargo la querella contra los políticos fue archivada al no acreditarse que el hecho denunciado revistiese caracteres de infracción criminal y no considerarles responsables.
Cinco años después, y tras sucesivos cambios en el Juzgado número 1, su nuevo titular ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los hosteleros. El abogado de la acusación, Agustín Bocos, que pide para cada uno de ellos un año de prisión y 60.000 euros de indemnización, ya considera «un triunfo» que sienten en el banquillo de los acusados «ya que la mayoría de las veces no se estiman las pruebas suficientes para condenar este tipo de delitos», lo que en su opinión convierte este caso «en un precedente».
En Burgos
El auto solicita para los imputados el pago de una fianza de 55.000 euros «por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, con el agravante de riego de grave perjuicio para la salud de las personas, recogido en el artículo 325.1 del Código Penal’, castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Una fianza importante que a juicio del letrado evidencia «que el juez ve indicios de delito serios».
Una vez notificado los imputados disponen de 10 días para presentar el escrito de defensa y el Juzgado de lo Penal de Burgos señalará la fecha del juicio, que se celebrará en la capital burgalesa.
La contaminación acústica se ha convertido en los últimos años en un importante problema de salud pública. Según la Asociación de Juristas contra el Ruido, a la que pertenece Bocos, el 30% de los ciudadanos padece ruidos procedentes de fuera de sus hogares diariamente. En España el nivel de confort acústico está establecido en 55 decibelios, y por encima se impide el descanso y la comunicación de las personas.
El letrado reconoce que la instrucción no ha sido fácil e indica que as mediciones son uno de los mayores problemas la hora de condenar. En este caso, fue el Seprona quien las realizó y comprobó que los locales superaban «con creces» los niveles
Así se recoge en el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda que imputa a los cuatro bares de copas, dando la razón a la acusación, formada por un grupo de vecinos de la zona centro de y de la calle Hospicio que lleva luchando desde hace casi seis años para que la Justicia reconozca los ruidos que sufren por parte de estos locales de ocio nocturno.
El juzgado arandino incoó el procedimiento a raíz de una denuncia presentada en enero de 2005 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en base a las quejas de una vecina que vivía encima de la Discoteca Punto Cero. Tras admitirse a trámite la querella presentada contra el entonces alcalde, Luis Briones, por los presuntos delitos de prevaricación, de dejación de funciones por omisión y contra el medio ambiente por no haber atajado el problema de exceso de ruidos, también se personaron como acusación la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro, Natividad Ayllón, y otra residente de la zona.
A instancias suyas el Seprona realizó un atestado ampliatorio y el juzgado admitió citar como imputados tanto a Briones, como a su sucesor en el cargo, el ex regidor Ángel Guerra, y a los titulares de los cuatro establecimientos hosteleros. Más tarde imputó también al ex primer teniente de alcalde, el concejal castellanista Sebastián de la Serna, por ordenar desprecintar los equipos musicales de La Mandrágora y Café Central del 3 al 8 de diciembre de 2004.
Sin embargo la querella contra los políticos fue archivada al no acreditarse que el hecho denunciado revistiese caracteres de infracción criminal y no considerarles responsables.
Cinco años después, y tras sucesivos cambios en el Juzgado número 1, su nuevo titular ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los hosteleros. El abogado de la acusación, Agustín Bocos, que pide para cada uno de ellos un año de prisión y 60.000 euros de indemnización, ya considera «un triunfo» que sienten en el banquillo de los acusados «ya que la mayoría de las veces no se estiman las pruebas suficientes para condenar este tipo de delitos», lo que en su opinión convierte este caso «en un precedente».
En Burgos
El auto solicita para los imputados el pago de una fianza de 55.000 euros «por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, con el agravante de riego de grave perjuicio para la salud de las personas, recogido en el artículo 325.1 del Código Penal’, castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Una fianza importante que a juicio del letrado evidencia «que el juez ve indicios de delito serios».
Una vez notificado los imputados disponen de 10 días para presentar el escrito de defensa y el Juzgado de lo Penal de Burgos señalará la fecha del juicio, que se celebrará en la capital burgalesa.
La contaminación acústica se ha convertido en los últimos años en un importante problema de salud pública. Según la Asociación de Juristas contra el Ruido, a la que pertenece Bocos, el 30% de los ciudadanos padece ruidos procedentes de fuera de sus hogares diariamente. En España el nivel de confort acústico está establecido en 55 decibelios, y por encima se impide el descanso y la comunicación de las personas.
El letrado reconoce que la instrucción no ha sido fácil e indica que as mediciones son uno de los mayores problemas la hora de condenar. En este caso, fue el Seprona quien las realizó y comprobó que los locales superaban «con creces» los niveles
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